Rubalcaba era el candidato del PSOE para las próximas generales.
En la conferencia política del PSOE (que se celebrará en septiembre, pero en mi sueño ya había tenido lugar), el Partido Socialista giraba a la izquierda.
En lo macroeconómico, poco se puede hacer porque la globalización, los mercados y las instituciones políticas y financieras supranacionales obligan a mantener la ortodoxia.
Pero el candidato se comprometía a que no se dilataría la puesta en marcha de ninguna de las medidas que se aprobaban en la conferencia ni se convertirían en agua de borrajas.
Se recuperaban los impuestos al patrimonio y el de sucesiones.
Los salarios anuales de más de 200.000 euros se gravaban con el 45%.
Los bonos e indemnizaciones que den las empresas a sus directivos, por la razón que sea, serán considerados como beneficios de las empresas y gravarán como tales. No podrán aplicarse al capítulo de gastos en salarios.
Aquellos que reciban bonos o gratificaciones tributarán por ellos como parte de su salario.
Aumento considerable a la fiscalidad por los beneficios de la banca.
Ley de dación en pago para la hipoteca.
Aumento de la fiscalidad sobre los beneficios empresariales y severo control sobre la ingeniería financiera que permite a los mayores contribuyentes eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.
Dotar de protagonismo a todos los medios de lucha contra el fraude fiscal, incluido un reconocimiento público al importante papel que juega la inspección de Hacienda como avanzada en la lucha contra el fraude.
Que se ponga plazo definitivo y creíble a la remodelación del sector de cajas de ahorros (reputado como el mayor riesgo actual del sistema financiero español). La entidad que en el plazo prefijado, que debe ser breve, no consiga el capital requerido, será intervenida por el Banco de España y, en su caso, liquidada ante la mirada de un fiscal especializado en delitos financieros por si apreciase delitos en la gestión anterior (que aparecerán). Además, se evitará que las cajas que cuentan con financiación pública para su salvación sean “regaladas” a particulares con buenas conexiones políticas (algún ejemplo de esto tenemos muy cerca en Madrid).
Que se auditen, con carácter de urgencia, todas las comunidades autónomas y que se hagan públicos los resultados de la inspección.
Que por decreto-ley se legisle la transparencia total para las cuentas de la Casa Real. Que se exija justificación de cualquier gasto, al igual que a cualquier otro organismo del Estado. Y que los gastos de viajes realizados con fines personales y cargados a otras partidas (aviones, hoteles, etc.) se deduzcan de la asignación. Que la partida aumente o disminuya en la misma proporción que las restantes del Estado.
Que sean públicos y detallados los gastos del Patrimonio Nacional.
Que se cumpla de una vez y sin dilación el artículo de la Constitución donde se establece la separación entre la Iglesia y el Estado.
Que se dé por terminado el Concordato y se suspenda ya la prorrogación de facto que existe en la actualidad. Por tanto, que desparezcan los símbolos católicos de las instituciones públicas, incluido el ejército: adiós a los capellanes castrenses.
Que se imponga el principio de que la Iglesia es una institución de carácter privado y que opera sobre las conciencias individuales de los ciudadanos. Por tanto, serán católicos los que lo deseen y, a título personal, todas las personas que quieran podran contribuir económicamente a su mantenimiento, pero nunca más los Presupuestos Generales del Estado.
Que se haga una ley electoral que no permita que nadie que esté imputado o tenga la menor cuenta pendiente con la justicia, pueda estar en ninguna lista electoral. Hasta entonces, que en las listas del Partido Socialista no haya ni una sola persona en esas condiciones.
Que el PSOE se comprometa a hacer una reforma de la ley electoral, haciéndola más proporcional y estableciendo las listas abiertas, aunque eso nos cueste votos en el futuro.
Que se haga más fácil la posibilidad de la iniciativa popular en los referendos.
Que la ley de transparencia se amplíe y se haga más estricta y se aplique ya.
Que los delitos de corrupción no tengan prescripción y sean válidas todas las pruebas, fotos, grabaciones.
Que se ponga un límite a los regalos que se puede quedar un político. A partir de ese límite, se podrá disfrutar del regalo mientras se esté en el cargo pero al dejarlo, el regalo pasa a ser propiedad del Estado (como en otras democracias occidentales). Evidentemente, todos los regalos tendrían que ser registrados en un registro público.
Hacer una nueva ley de memoria histórica y acabar con aberraciones como el Valle de los Caídos, el reciente Diccionario Biográfico de la Academia de la Historia, etc. Y apoyar con todos los medios iniciativas para aclarar asuntos pendientes tan dolorosos como los niños robados y vendidos, los muertos despreciados en la cunetas, etc.
Que desaparezcan de una vez todos los símbolos referentes a la Guerra Civil aun si están en propiedad privada a la vista del público.
Que se convierta en delito la apología del fascismo o del nazismo.
Después de aprobar este programa, en mi sueño, Zapatero dimitía en un gesto de generosidad y conseguía que se pactara con catalanes y vascos la investidura de Rubalcaba.
Que Rubalcaba formaba un Gobierno con pesos pesados.
Que en octubre, el PSOE se ponía a cinco puntos del PP y Rubalcaba seguía teniendo mejor puntuación que Rajoy, que seguía sin aprobar.
Que en noviembre había una crisis del PP y se barajaban nombres, Rato y Aznar entre otros, para sustituir a Rajoy.
Que en diciembre en las encuestas había un empate técnico.
Me despierto del sueño y ganamos las elecciones.
Julio Feo fue secretario general de la Presidencia con Felipe González
