LAS CARTAS SOBRE LA MESA

Desde hace algún tiempo voy conociendo los entresijos de la prostitución, de una forma que no viene al caso revelar. Pero desde luego, es fundamental el enfoque que las diversas administraciones públicas le den a esta problemática, y a esta realidad.

Echo de menos campañas de los poderes públicos mucho más convincentes hacia la visibilización de la problemática de tantas mujeres que optaron en su día por este medio de vida, medio que mediatiza la corrupción, arremete contra las víctimas reales y protege a los proxenetas.

Es un tema espinoso en el que nadie quiere colocar todas las cartas sobre la mesa. Desde luego, con decretos municipales sobre convivencia no se va a resolver el problema. Piensen en Barcelona o la última ordenanza del Ayuntamiento de Granada, más preocupados por la imagen de la ciudad, que por una dotación de derechos básicos hacia las mujeres que realmente lo requieren.

Destacar el perfil de prostituta (o prostituida) es valioso, pero a la vez engañoso. Hay tantos tipos de perfiles, tantas necesidades y motivaciones entre estas mujeres, que será de alta dificultad regularizar, decretar o legalizar su situación. Sería un grave error tratarlas como colectivo de forma general. Todo avance en este sentido se está viviendo para las mujeres prostituidas como ataques, y que favorecen su discriminación, alimentando la hipocresía de esta sociedad.

No soy legisladora, sin embargo creo que las políticas acusatorias que se dirigen al tema están muy mal enfocadas. Si no existiera demanda, no habría oferta. ¿Qué sociedad democrática, tolerante y justa soporta que existan mujeres que trabajen sin horario, sin apenas ropa, sin cobertura sanitaria ni de otro tipo, a riesgo de violaciones, robos, transmisión de enfermedades, violencia de género, etc., por 20 euros el contacto sexual?

¿En qué sociedad nos estamos convirtiendo cuando las mujeres inmigrantes que llegan a nuestro país, a nuestras ciudades, no hallan un trabajo remunerado en condiciones, sino que se les favorece la entrada y guardia en clubs clandestinos y bajo amenazas a sus familiares de los países de origen, además de numerosas cuantías a devolver a las mafias a través de la venta de su sexo?

¿Qué sociedad es la nuestra que se valora más y tiene mayor tiempo de presencia en la telebasura chicas que venden su cuerpo y sus líos de cama con famosos para subir el caché en sus respectivos negocios?

¿Dónde quedan los que controlan el asunto, toman decisiones, tejen la maquinaria de ese poder absolutista sobre las mujeres?

Poner las cartas sobre la mesa requiere valentía, pero bajo una apuesta clara por la defensa de los derechos de estas mujeres, que han de ser ciudadanas de primera, y no tratadas como escoria de nuestra sociedad.

Legalizar, o mejor dicho, regularizar la situación, permitiría una cobertura legal, propia de un estado de derecho, que defendiera los intereses de las personas que sufren discriminación de cualquier tipo, permitiendo la toma de decisión de las mujeres, y por qué no atreverse a decirlo, igual, para este país, sería una solución a la crisis económica.